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El Dr. Leonel González Postigo, Director de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) analizó los principales obstáculos que se verificaron en la aplicación del sistema acusatorio en los países de América Latina, en su disertación en el II Encuentro Nacional de Sistemas Acusatorios organizado por esta Asociación de Magistrados y por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial realizado en San Miguel de Tucumán durante los días 31 de octubre y 1° de noviembre de 2019.

“El cambio cultural es muy importante tras las reformas de los Códigos Penales desde hace muchos años, pero cuando se ven audiencias en varios países, uno se pregunta qué hicieron con el Código, cómo llegaron al punto de convertir audiencias orales en representaciones escritas, como en Bolivia”. Este es uno de los planteos que González Postigo presentó en su conferencia “Oralidad y calidad del Litigio en América Latina y nuevas vías de acción” en las jornadas tucumanas de sistemas acusatorios. 

El experto se basó en un estudio realizado en 2018 entre el CEJA y la Fundación Konrad Adenauer en los países de América Latina, en el marco del cual propuso discutir los problemas de la aplicación de los sistemas y principios. [Por eso] «destaco la pertinencia del encuentro organizado por la Dra. Marcela Ruiz y su equipo para intercambiar ideas y experiencias, algo que no se ve ni en los países con raigambre federal” señaló. 

En principio, Gonzáles Postigo enfatizó en “la enorme burocratización que hay en Chile, por ejemplo, en las audiencias del sistema acusatorio adversarial, donde los fiscales leen partes policiales». También puntualizó en el aspecto normativo que hay códigos de los denominados clásicos, como el de Tucumán, que prevén que cualquier planteo se discute en el marco de la audiencia.

«Pero hay un segundo modelo que se puede denominar burocratizado porque aún persisten algunos elementos del proceso tradicional, en Costa Rica, por ejemplo, se formalizan los cargos en sede fiscal y este es un gran problema para proteger las garantías del imputado. Muchos países tienen el desdoblamiento de la etapa intermedia: en Guatemala tienen una audiencia de hechos, donde se realiza la apertura y se fija la base del debate oral, y otra de prueba. El tercer punto es que hay audiencias orales que se han ido burocratizando y tienen un grado variable de escrituración» informó el especialista del CEJA. 

Gonzáles Postigo consideró a la audiencia de control de detención como central para chequear las condiciones de detención del imputado, pero advirtió que se han burocratizado, perdiendo sentido. “Así, vemos que en Chile, sólo el 0,9% de las detenciones en los últimos 10 años fueron legales pero además sólo en el 9% de los casos, el juez chequea la forma en que fue detenido el imputado” subrayó. «Esto tiene que ver con cómo les damos herramientas a los jueces para que esta audiencia realmente se convierta en un control de detención o el caso de la flagrancia” añadió. 

El Director de Capacitación del CEJA también indicó que la audiencia de formalización es un acto de garantía y que el juez debe vverificar permanentemente el modo en que se han presentado los cargos, porque cuando están basadas en una abstracción, como es en muchos casos, es casi imposible construir una estrategia de defensa. «El juez debe hacer un juicio de mérito respecto de la formalización, por eso, cuando se plantean hechos cambia totalmente el eje de todo el proceso» aseguró.

La audiencia de medida cautelar es otro paso muy importante destacado por González Postigo. Según el experto, allí se discute sobre medidas como la prisión preventiva, donde, a pesar de estar establecido que esta no debe ser la regla y está plasmado en Códigos como el brasileño que data de la dictadura de Getulio Vargas, en Bolivia, por ejemplo, se dicta en el 79% de los casos, en Paraguay en el 75% y en otros países en alrededor del 50%.

«Pero también es cierto que hay que establecer procedimientos que permitan que las medidas cautelares u otras medidas se cumplan, para que los jueces puedan dictarlas con seguridad. Todos estos temas deben ser incluidos en los debates» concluyó.